La privacidad en Internet es un tema candente y muchos usuarios están preocupados por la seguridad de sus datos a la hora de navegar, un anonimato que es posible lograr mediante diferentes herramientas.
Un ejemplo es Privacytools-es, colección de herramientas y consejos sencillos para que cualquier usuario pueda proteger y mantener la privacidad en sus actividades en Internet.
En agosto de 2013, especialistas del laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto, descubrieron un ataque informático con un programa maligno en contra de cuatro organizaciones de derechos humanos vinculadas al Tíbet.
En Suecia, la Fundación 5 de Julio y el proveedor independiente de Internet Bahnhof lograron que la Comisión Europea investigue a ese país por almacenar datos de los usuarios, en violación a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Mientras tanto, en Alemania la organización británica Privacy International dirigió una carta a la Oficina Federal Alemana para Asuntos Económicos y Controles a la Exportación (BAFA), en búsqueda de aclaraciones sobre la utilización de software de espionaje y para evaluar si el gobierno teutón requiere o es consciente de la cláusula que veta el uso sobre aparatos alemanes de tecnología de espionaje hecha en Alemania y enviada al extranjero.
Finalmente, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela los programas de vigilancia operan sin supervisión ni transparencia.
En ese contexto complejo, los miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas negocian una nueva declaración sobre el derecho a la privacidad en la era digital en el seno de la Tercera Comisión de la 69ª sesión de la asamblea.
“Se tiene que partir de la base de que el derecho a la privacidad es reconocido en el derecho internacional. La declaración debería de ir en la misma línea, denunciar la vigilancia masiva”, dice a Apro Luis Fernando García, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
En 2013 la asamblea general adoptó una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, lo cual implicó que todos los gobiernos acordaran respetar y proteger ese derecho y revisar la legislación y las prácticas de vigilancia, intervención y recolección de datos personales.
Derivado de esa resolución, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU difundió en junio último un reporte sobre esas actividades y concluyó que la sola existencia de programas de espionaje masivo interfiere con los derechos humanos.
El tema saltó a la palestra internacional el 5 de junio de 2013, cuando el diario británico The Guardian dio a conocer que Estados Unidos practicaba un espionaje indiscriminado en todo el mundo, a partir de las infidencias de Edward Snowden, excontratista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y actualmente asilado en Rusia.
Ese fue el punto de partida de una serie de revelaciones sobre las operaciones de intrusión encubiertas ejecutadas por la Agencia Nacional de Seguridad estadunidense (NSA, por sus siglas en inglés).
Claro está, no era la única, otras agencias de inteligencia han admitido que espían sin pudor a los ciudadanos, algo que preocupa a muchos usuarios de Internet que quieren proteger sus comunicaciones a toda cosa.
La asamblea general de la ONU exhorta a todos los Estados a respetar y proteger ese derecho, a adoptar medidas para poner fin a las violaciones de ese derecho y a crear las condiciones necesarias para impedirlas y examinar sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia a gran escala.
Asimismo, sugiere que los Estados establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión, de índole judicial, administrativa o parlamentaria, que cuenten con los recursos necesarios y sean “independientes, efectivos, imparciales y capaces de asegurar la transparencia” y la rendición de cuentas por ese tipo de actividades.
Ante esas prácticas, el texto pide garantizar el acceso a un recurso efectivo a los individuos víctimas de las invasiones a la privacidad.
“Dada la naturaleza de Internet y las comunicaciones modernas, no tiene caso que un país lo haga ilegal si otro mantiene esos sistemas. La solución debe ser global e integral. Hemos visto a empresas globales hacer esfuerzos hacia una mayor transparencia, para proteger a sus usuarios y sus datos. Tenemos que pensar que esas acciones (de espionaje) afectan los derechos de activistas”, señala Keneth Paige, vocero de PI, a Apro.
A pesar de las denuncias de Snowden, la tendencia global es hacia un mayor uso de tecnología intrusiva, como concluye el informe de septiembre pasado Vigilancia de las comunicaciones en la era digital, elaborado por el Observador Global de la Sociedad de la Información.
Basado en reportes nacionales, el documento exhibe el vínculo entre los Estados y la industria para impulsar el espionaje.
En ese terreno empedrado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se encuentran en la mira de muchos gobiernos, como lo atestigua el estudio de noviembre pasado Comunidades en riesgo. Amenazas digitales dirigidas contra la sociedad civil, desarrollado por Citizen Lab.
“Las OSC enfrentan las mismas amenazas que los sectores privado y gubernamental, aunque con muchos menos recursos para protegerse”, cita el texto.
“Las amenazas digitales alargan el ‘alcance’ del Estado (u otros actores amenazantes) más allá de las fronteras”, resalta, a la vez que indica que tales amenazas debilitan las principales comunicaciones y misiones de las OSC “de una forma significativa”, incluso como “un riesgo mayor a la seguridad individual”.
“La creación del ombdusman sería una medida positiva. La importancia del tema requiere y justifica esa figura, sin que otros relatores de otras instancias no puedan seguir emitiendo informes y criterios sobre el tema”, comenta García.
Desde ya encontraría casos paradigmáticos, como el de México, cuya Ley de Geolocalización de 2012 permite a las autoridades acceder a datos de geolocalización en vivo y sin permiso previo de un juez y que confronta la resolución de la AG.
O Suecia, donde la Fundación 5 de Julio denuncia que cada persona que visita esa nación y usa un teléfono móvil, y cada individuo que se comunica con alguien en ese país queda registrado ilegalmente.
Suecia fue de los principales impulsores de la Directiva de Retención de Datos 2006/24 de la UE y de los más demandantes en pedir el control del uso personal de Internet.
En 2008, el gobierno sueco permitió que la agencia sueca de seguridad (FRA, por sus siglas suecas) interviniera todo el tráfico de Internet entrante y saliente del país.
Además, el servicio secreto sueco (Säpo) ya pidió la participación “voluntaria” de los operadores de redes en un programa que da acceso directo a sus equipos.
Bahnhof, fundada en 1994 y que albergó los servidores de WikiLeaks, rechazó esa petición y publicó las solicitudes planteadas por el gobierno.
“La solución es que los gobiernos no exporten más esos productos, y mejores controles son un primer paso. Siempre promoveremos la transparencia y siempre se puede tomar ese tipo de medidas”, plantea Paige.
Un ejemplo es Privacytools-es, colección de herramientas y consejos sencillos para que cualquier usuario pueda proteger y mantener la privacidad en sus actividades en Internet.
En agosto de 2013, especialistas del laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto, descubrieron un ataque informático con un programa maligno en contra de cuatro organizaciones de derechos humanos vinculadas al Tíbet.
En Suecia, la Fundación 5 de Julio y el proveedor independiente de Internet Bahnhof lograron que la Comisión Europea investigue a ese país por almacenar datos de los usuarios, en violación a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Mientras tanto, en Alemania la organización británica Privacy International dirigió una carta a la Oficina Federal Alemana para Asuntos Económicos y Controles a la Exportación (BAFA), en búsqueda de aclaraciones sobre la utilización de software de espionaje y para evaluar si el gobierno teutón requiere o es consciente de la cláusula que veta el uso sobre aparatos alemanes de tecnología de espionaje hecha en Alemania y enviada al extranjero.
Finalmente, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela los programas de vigilancia operan sin supervisión ni transparencia.
En ese contexto complejo, los miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas negocian una nueva declaración sobre el derecho a la privacidad en la era digital en el seno de la Tercera Comisión de la 69ª sesión de la asamblea.
“Se tiene que partir de la base de que el derecho a la privacidad es reconocido en el derecho internacional. La declaración debería de ir en la misma línea, denunciar la vigilancia masiva”, dice a Apro Luis Fernando García, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
En 2013 la asamblea general adoptó una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, lo cual implicó que todos los gobiernos acordaran respetar y proteger ese derecho y revisar la legislación y las prácticas de vigilancia, intervención y recolección de datos personales.
Derivado de esa resolución, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU difundió en junio último un reporte sobre esas actividades y concluyó que la sola existencia de programas de espionaje masivo interfiere con los derechos humanos.
El tema saltó a la palestra internacional el 5 de junio de 2013, cuando el diario británico The Guardian dio a conocer que Estados Unidos practicaba un espionaje indiscriminado en todo el mundo, a partir de las infidencias de Edward Snowden, excontratista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y actualmente asilado en Rusia.
Ese fue el punto de partida de una serie de revelaciones sobre las operaciones de intrusión encubiertas ejecutadas por la Agencia Nacional de Seguridad estadunidense (NSA, por sus siglas en inglés).
Claro está, no era la única, otras agencias de inteligencia han admitido que espían sin pudor a los ciudadanos, algo que preocupa a muchos usuarios de Internet que quieren proteger sus comunicaciones a toda cosa.
El borrador de la declaración, promovido por 27 países, entre ellos
Alemania, Brasil y México, subraya que “la vigilancia y la
interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones, así como la
recopilación ilícita o arbitraria de datos personales, entre ellos
datos sobre comunicaciones, conocidos como metadatos, al constituir
actos de intrusión grave, violan el derecho a la privacidad y pueden
interferir con la libertad de expresión”.
El documento de cinco páginas, fechado el 31 de octubre, reafirma el
derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de
“injerencias arbitrarias o ilegales” en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, y el derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias.La asamblea general de la ONU exhorta a todos los Estados a respetar y proteger ese derecho, a adoptar medidas para poner fin a las violaciones de ese derecho y a crear las condiciones necesarias para impedirlas y examinar sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia a gran escala.
Asimismo, sugiere que los Estados establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión, de índole judicial, administrativa o parlamentaria, que cuenten con los recursos necesarios y sean “independientes, efectivos, imparciales y capaces de asegurar la transparencia” y la rendición de cuentas por ese tipo de actividades.
Ante esas prácticas, el texto pide garantizar el acceso a un recurso efectivo a los individuos víctimas de las invasiones a la privacidad.
La jungla informática
Pero aunque la asmablea de naciones unidas aprobase otra resolución, su cumplimiento por los
Estados es una incógnita, como lo demuestra la experiencia de la
declaración previa.“Dada la naturaleza de Internet y las comunicaciones modernas, no tiene caso que un país lo haga ilegal si otro mantiene esos sistemas. La solución debe ser global e integral. Hemos visto a empresas globales hacer esfuerzos hacia una mayor transparencia, para proteger a sus usuarios y sus datos. Tenemos que pensar que esas acciones (de espionaje) afectan los derechos de activistas”, señala Keneth Paige, vocero de PI, a Apro.
A pesar de las denuncias de Snowden, la tendencia global es hacia un mayor uso de tecnología intrusiva, como concluye el informe de septiembre pasado Vigilancia de las comunicaciones en la era digital, elaborado por el Observador Global de la Sociedad de la Información.
Basado en reportes nacionales, el documento exhibe el vínculo entre los Estados y la industria para impulsar el espionaje.
En ese terreno empedrado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se encuentran en la mira de muchos gobiernos, como lo atestigua el estudio de noviembre pasado Comunidades en riesgo. Amenazas digitales dirigidas contra la sociedad civil, desarrollado por Citizen Lab.
“Las OSC enfrentan las mismas amenazas que los sectores privado y gubernamental, aunque con muchos menos recursos para protegerse”, cita el texto.
“Las amenazas digitales alargan el ‘alcance’ del Estado (u otros actores amenazantes) más allá de las fronteras”, resalta, a la vez que indica que tales amenazas debilitan las principales comunicaciones y misiones de las OSC “de una forma significativa”, incluso como “un riesgo mayor a la seguridad individual”.
Retos
Uno de los resultados de la declaración de la asamblea general de naciones unidas es pedir al Consejo
de Derechos Humanos que cree la Relatoría Especial para el Derecho a la
Privacidad, para que pueda visitar países, emitir informes y plantear
sugerencias.“La creación del ombdusman sería una medida positiva. La importancia del tema requiere y justifica esa figura, sin que otros relatores de otras instancias no puedan seguir emitiendo informes y criterios sobre el tema”, comenta García.
Desde ya encontraría casos paradigmáticos, como el de México, cuya Ley de Geolocalización de 2012 permite a las autoridades acceder a datos de geolocalización en vivo y sin permiso previo de un juez y que confronta la resolución de la AG.
O Suecia, donde la Fundación 5 de Julio denuncia que cada persona que visita esa nación y usa un teléfono móvil, y cada individuo que se comunica con alguien en ese país queda registrado ilegalmente.
Suecia fue de los principales impulsores de la Directiva de Retención de Datos 2006/24 de la UE y de los más demandantes en pedir el control del uso personal de Internet.
En 2008, el gobierno sueco permitió que la agencia sueca de seguridad (FRA, por sus siglas suecas) interviniera todo el tráfico de Internet entrante y saliente del país.
Además, el servicio secreto sueco (Säpo) ya pidió la participación “voluntaria” de los operadores de redes en un programa que da acceso directo a sus equipos.
Bahnhof, fundada en 1994 y que albergó los servidores de WikiLeaks, rechazó esa petición y publicó las solicitudes planteadas por el gobierno.
“La solución es que los gobiernos no exporten más esos productos, y mejores controles son un primer paso. Siempre promoveremos la transparencia y siempre se puede tomar ese tipo de medidas”, plantea Paige.
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