Juguetes conectados a Internet

En Navidad la venta de juguetes se disparan. Y no es para menos. Los Reyes Magos y Papá Noel tienen que cargar con millones de regalos para todos los niños. En sus sacos hay cada vez más muñecos interactivos, videoconsolas, teléfonos inteligentes, tabletas o drones. Aunque son aparentemente inofensivos, el hecho de que estos juguetes sean inteligentes, es decir, estén conectados a internet, pone en riesgo a los menores. 
Los juguetes conectados forman parte del denominado Internet de las Cosas.

Este año, el Consejo de Consumidores Noruego (Forbrukerradet) ha hecho públicos los graves fallos de seguridad en cuanto a la privacidad en dos juguetes conectados a internet. Se trata de la muñeca Cayla y el robot i-Que.
Además el portal estadounidense Consumerist, también ha denunciado a estos dos juguetes porque están escuchando todo lo que sucede en su entorno y almacenando esta información que después podría ser explotada comercialmente.

La muñeca My Friend Cayla  se comercializa en España y el robot i-QUE puede adquirirse a través de Amazon. 

La característica común de ambos, fabricados por la firma Genesis Toys, reside en que cuentan con un micrófono y un sistema de reconocimiento de voz, lo que significa que estos juguetes permiten escuchar las órdenes de sus propietarios y responder en función de la locución escuchada.
Además las asociaciones de consumidores han podido comprobar que cualquier cosa que el niño le diga a la muñeca se transfiere a la compañía estadounidense Nuance Communications, especializada en tecnologías de reconocimiento de voz, reservándose esta empresa el derecho de utilizar esta información con terceros y para una amplia variedad de propósitos. 
Al activar estos juguetes por primera vez, el adulto se ve obligado a aceptar las cláusulas de privacidad en la que Nuance informa, según denuncian las asociaciones de consumidores, de la posible explotación de lo registrado no sólo para mejorar su funcionamiento, sino también “para marketing y publicidad”. No se especifica en qué exactamente podrían explotar esta información, pero el usuario ya no tiene un control claro de la misma puesto que, y esta es otra de las quejas de las asociaciones de consumidores, no puede ejercer su derecho a eliminar esta información.
En el análisis de los términos y condiciones que debe aceptar el usuario se han encontrado cláusulas ilegales como la obligación de aceptar que los términos se cambien sin previo aviso, que los datos personales puedan utilizarse para publicidad específica y que dicha información pueda ser compartida con terceros no identificados. Todo ello infringe la normativa europea en materia de protección de datos y de protección de los consumidores.